El abogado Félix Pedro Ocampo se mostró inconforme con las medidas cautelares que dió la jueza y catalogó de insuficiente el informe presentado por la psicóloga y no por un trabajador social,que comprobara con testigos la responsabilidad y solvencia moral de la persona con la cual estará viviendo bajo arresto el menor de edad, considerando que la familia y los allegados al joven no son de confiabilidad por haber ocultado el hecho y por tratar de borrar evidencias.
El abogado cuestionó a la jueza por no decretar detención provisional al menor como una medida cautelar, puesto que se presentaron circunstancias que amerita el caso,en el artículo 143 del código de la niñez, en donde plantea el arresto cuando se presume la participación en un hecho ilícito o exista el riesgo razonable de que el adolescente evada la acción de la justicia.
Por su parte la jueza Maria Elsa Laguna dijo estar limitada a divulgar cualquier tipo de dato de la investigación o del proceso que posibilite la identidad del adolescente,pero recalcó que según la ley no puede establecer privación de libertad para el delito de homicidio imprudente, por no estar especificado en el articulo 203 del código de la niñez y la adolescencia donde la privación de libertad se aplica en base a un catálogo de delitos como:el asesinato, robo, violación y tráfico de drogas.
Los familiares de Walter se mostraron inconformes debido a que consideran que el menor,debe recibir un castigo para que sirva de lección a los jóvenes que están al frente del volante y tengan mas responsabilidad y evitar provocar daños a terceros que dejen en luto a las familias nicaragüenses. La señora Belkis Sugey Rodríguez esposa del ahora occiso Walter Rodríguez Betanco, se mostró asombrada por las leyes y las instituciones que apoyan a la niñez e indignada aclaró que no ha recibido ofrecimiento de ningún tipo para la manutención de sus hijos. Por su parte la madre del fallecido pidió justicia y amparo a los menores que quedan en orfandad.
El abogado defensor del acusado, Danilo Urrutia aclaró después de la audiencia que la casa y la persona donde el adolescente estará bajo arresto domiciliar reune todos los requisitos y que la familia Ortez estará anuente a entrar a una conciliación para resarcir los daños.
El proceso penal del adolescente no podrá excederse de 90 días a partir de la fecha en que se realizó la Audiencia Preliminar.
